La Administración anuncia barreras más seguras y la familia no quiere más muertes. Mallorca

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. Una sentencia pionera en España, y dictada por la magistrada palmesana Carmen Frigola, ha condenado al Consell de Mallorca por la muerte de un joven motorista que chocó contra unos anticuados y peligrosos guardarraíles, situados en el kilómetro 11 de la carretera de Pollença-Lluc-Andratx. El fallo estima una demanda del letrado Salvador Llopis, abogado de la familia de la víctima, y responsabiliza a la Administración por no haber adaptado las vallas y biondas de la carretera a los nuevos estándares de seguridad vial.
La resolución judicial se ha conocido ahora tras un repunte de las críticas de algunos sectores sociales, especialmente los colectivos de aficionados a las motos, por las muertes de motoristas al impactar con determinados modelos de biondas o vallas quitamiedos muy frecuentes en las carreteras españolas.

Peligrosidad reconocida

El accidente ocurrió en la tarde del 4 de octubre del 2002 cuando la víctima circulaba en dirección a Pollença. El joven frenó su vehículo en una curva, perdió el control, salió despedido y fue a chocar contra el poste de un guardarraíl, impacto que le causó la muerte.
El letrado Llopis aportó a la causa sendos informes de una empresa de ingeniería especializada en reconstrucción de accidentes y de un médico especialista en medicina legal. Este último perito vinculó claramente la muerte al choque con el poste de la barrera de seguridad.
El Consell, entre otros argumentos, alegó que los guardarraíles de ese tramo de vía cumplen las disposiciones legales en materia de seguridad vial.
Sin embargo, la jueza, con base en el informe del ingeniero de los recurrentes y en documentación e informes aportados a la causa, estima que "la peligrosidad de ese poste o quitamiedos está claramente denunciada y reconocida por la Administración competente".
La jueza recuerda que la actual legislación española no obliga a cambiar los antiguos guardarraíles, pero sí que fuerza a utilizar otro tipo de barreras más seguras para vehículos y peatones en las nuevas vías o en las reformas de carreteras ya existentes. El fallo atribuye al Consell la generación de "un déficit de seguridad para el usuario" al no haber instalado barreras menos peligrosas. La sentencia es susceptible de recurso ante el TSJB y reconoce a la familia una indemnización de 112.000 euros.